Convenios y contratos interadministrativos. Contratación directa.
La prohibición contenida en el artículo 33 de la Ley de Garantías no ha sido objeto de modificación y por lo tanto su restricción permanece a pesar de la expedición de la Ley Anual de PresupuestoNo. 2159 de 2021. Esto significa que cuando empiece el periodo preelectoral de las elecciones presidenciales, deberá aplicarse tanto la prohibición para la contratación directa contenida en el artículo 33 de la Ley de Garantías, como la prohibición del parágrafo del artículo 38 que rige en todo tipo de elección popular. Leer más
Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción.
Conozca las modificaciones introducidas para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, así como los cambios en materia contractual relacionados con la calificación de ofertas, la contratación de las entidades estatales no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública y las modificaciones en materia de responsabilidad fiscal y la acción de repetición. Leer más
Verificación de la existencia de varios contratos.
Antes de la suscripción de cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se deberá verificar si el contratista, esto es, la persona natural o jurídica, tiene suscrito con cualquier entidad del Estado algún otro u otros contratos de la misma naturaleza. Lo anterior, con la finalidad de verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. Leer más
Las personas naturales que pretendan suscribir en el año 2022 un contrato de prestación de servicios por valor individual y superior a $133.014.000, deberán encontrarse inscritos como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA previamente a la suscripción del contrato, debiendo contemplar en el contrato el Impuesto al Valor Agregado – IVA. Leer más
Mipymes, empresas de mujeres y sujetos de especial protección constitucional.
El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de emprendimiento en relación con: el procedimiento de mínima cuantía, incluyendo disposiciones particulares que se refieren a la contratación con Mipyme y grandes almacenes; los criterios diferenciales para Mipyme, y la definición y los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres; las convocatorias limitadas a Mipyme; el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional; así como la acreditación de los factores de desempate previstos en la Ley de Emprendimiento. Leer más
