Las entidades territoriales son competentes para ajustar las normas orgánicas del presupuesto nacional, por lo cual pueden acordar vigencias futuras excepcionales en sus respectivos ámbitos locales.

Una entidad vulnera los derechos fundamentales a la salud y vida digna de un sujeto de especial protección que ocupa un cargo de carrera en provisionalidad, cuando con fundamento en el principio del mérito nombra de la lista de elegibles a quien superó las etapas del concurso, sin antes adoptar medidas afirmativas dispuestas en la Constitución y que materialicen el principio de solidaridad social, relativas a su reubicación en un cargo similar o equivalente al que venía ocupando.

Cuando se trata de una trabajadora que ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera y el cargo sale a concurso o es suprimido, deben aplicarse las siguientes dos (2) reglas a saber: (i) el cargo debe ser ofertado entre los últimos a ser provistos y (ii) en caso de que se concrete el nombramiento en propiedad, corresponde al empleador garantizar la afiliación al sistema de salud de la gestante, cuando menos hasta la terminación de la licencia de maternidad.

Mientras un servidor público está sometido a una jornada laboral que no le permite tener el grado de autonomía, pues tiene la obligación, y no la facultad, de cumplir con un horario laboral y las exigencias de los jefes inmediatos, por su parte el contratista debe cumplir es con el objeto contractual y presentar los respectivos informes de actividades al supervisor para que le sean pagados sus honorarios. Lo anterior, sin perjuicio que entre el contratante y contratista se pacten algunas condiciones y exigencias para efectos de la debida ejecución del Contrato.